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Colombia lleva años participando en uno de los experimentos más interesantes de las finanzas climáticas globales: los pagos por resultados. Sin embargo, a pesar de ser uno de los países más avanzados en su implementación, el país aún no ha logrado capturar todo su potencial estratégico.

La lógica detrás de los pagos por resultados es simple, pero poderosa: no se financian promesas, se financian resultados. En el caso de Colombia, esto ha significado recibir recursos internacionales condicionados a reducciones verificadas en la deforestación, especialmente bajo esquemas vinculados a REDD+. Países como Noruega, Alemania y el Reino Unido han apostado por este modelo precisamente porque reduce el riesgo de financiar intervenciones ineficientes.

Pero aquí está el problema: Colombia ha tratado estos flujos principalmente como ingresos puntuales, no como la base de una estrategia de financiamiento climático a largo plazo.

En la práctica, los pagos por resultados deberían ser vistos como un activo. Un activo que puede estructurarse, apalancarse y combinarse con capital privado. En lugar de esperar a que los resultados se materialicen para recibir pagos, el país podría utilizar esos flujos futuros como garantía para movilizar inversión hoy. Este es, en esencia, el puente entre pagos por resultados y blended finance.

La ausencia de esta visión estratégica tiene implicaciones importantes. Primero, limita la escala del impacto. Segundo, reduce la capacidad del país para atraer inversionistas institucionales interesados en activos climáticos. Y tercero, mantiene a los actores locales en esquemas de financiamiento fragmentados y de corto plazo.

El desafío no es técnico, es institucional. Requiere coordinación entre ministerios, claridad sobre la propiedad de los resultados de mitigación, y una arquitectura financiera que permita integrar estos flujos en instrumentos más sofisticados.

Colombia ya demostró que puede generar resultados. La siguiente pregunta es si puede convertir esos resultados en un mercado.

El Artículo 6 del Acuerdo de París es, en muchos sentidos, el equivalente climático de abrir un nuevo mercado global. La diferencia es que, en este caso, el activo que se transa no es petróleo ni gas, sino reducciones de emisiones. Y como en todo mercado emergente, las reglas importan tanto como el timing.

Para Colombia, el Artículo 6 representa una oportunidad evidente. El país tiene una de las combinaciones más atractivas de recursos naturales, experiencia en proyectos de carbono y credibilidad internacional. En teoría, está bien posicionado para convertirse en un exportador relevante de resultados de mitigación.

El corazón del debate es estratégico: vender o no vender. Cada tonelada de CO₂ que Colombia transfiere bajo el Artículo 6 es una tonelada que ya no puede contar hacia su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC). Esto convierte al Artículo 6 en algo más que un instrumento técnico. Es una decisión de política económica.

Existe además un riesgo menos visible: la integridad. Sin sistemas robustos de medición, reporte y verificación, el país podría enfrentarse a cuestionamientos sobre la calidad de sus créditos. En un mercado donde la confianza lo es todo, esto tiene consecuencias directas sobre precios y demanda.

Al mismo tiempo, retrasar la participación también tiene costos. En mercados nacientes, los primeros en moverse suelen capturar ventajas desproporcionadas.

Colombia no está decidiendo si participar o no. Está decidiendo en qué posición quiere entrar.

Colombia suele presentarse como una historia de éxito en materia energética. Gracias a su dependencia de la generación hidroeléctrica, el país tiene una matriz eléctrica relativamente baja en carbono. Pero esta narrativa es incompleta —y potencialmente peligrosa.

La dependencia de la hidroenergía es, al mismo tiempo, una fortaleza y una vulnerabilidad. En años de hidrología favorable, el sistema funciona bien. Pero en periodos de sequía, como los asociados al fenómeno de El Niño, el país recurre a generación térmica, aumentando costos y emisiones. Esto revela un problema estructural: la falta de diversificación.

A pesar del enorme potencial solar y eólico, especialmente en La Guajira, la incorporación de renovables ha sido más lenta de lo esperado. Los cuellos de botella son institucionales y sociales: retrasos en licenciamiento, conflictos territoriales, y limitaciones en infraestructura de transmisión.

Además, la discusión energética suele centrarse en el sector eléctrico, ignorando que una parte significativa de las emisiones proviene del transporte y la industria.

Colombia tiene una matriz relativamente limpia, pero no necesariamente una transición energética asegurada. La transición no se define por el punto de partida, sino por la velocidad y la dirección del cambio.

En un contexto donde los países enfrentan restricciones fiscales crecientes, los debt-for-nature swaps han resurgido como una herramienta atractiva. El principio es simple: reducir deuda externa a cambio de compromisos de conservación.

El caso más emblemático es el de Ecuador: en 2023, el país reestructuró más de $1.6 mil millones de deuda comercial para conservar las Islas Galápagos. La operación fue estructurada con el apoyo de The Nature Conservancy y marcó un punto de inflexión en la escala de estos instrumentos.

Lo relevante no es solo el monto, sino la arquitectura financiera. A través de garantías, nuevos bonos y compromisos de conservación verificables, el instrumento logró atraer inversionistas privados y canalizar recursos hacia biodiversidad.

Para Colombia, la pregunta no es si este instrumento es replicable, sino bajo qué condiciones. El país tiene características favorables: biodiversidad excepcional, presión fiscal creciente y narrativa internacional fuerte. Sin embargo, estos instrumentos requieren credibilidad institucional, claridad en la gobernanza y capacidad de monitoreo.

Colombia tiene el potencial de liderar este tipo de estructuras en la región. Pero para hacerlo, necesita tratar la biodiversidad como un componente central de su estrategia financiera.

Colombia fue uno de los primeros países en América Latina en emitir bonos verdes soberanos en moneda local. Sin embargo, emitir bonos verdes es solo el primer paso. El verdadero desafío está en cómo se utilizan estratégicamente.

El caso de Chile es ilustrativo: a través de una estrategia consistente de bonos verdes, sociales y vinculados a la sostenibilidad, logró diversificar su base de inversionistas y reducir costos de financiamiento.

En Colombia, el uso de bonos verdes ha sido sólido, pero fragmentado. El potencial no está en emitir más, sino en integrar estos instrumentos en una estrategia fiscal más amplia. Por ejemplo, alineándolos con esquemas de pagos por resultados, creando estructuras donde el servicio de la deuda esté vinculado al desempeño climático.

El riesgo es quedarse en la superficie: usar el "label verde" sin transformar la lógica de asignación de recursos. Los bonos verdes son una herramienta poderosa, pero su impacto depende de cómo se integren en la política económica.

Uno de los mayores desafíos en la transición energética no es la tecnología, sino el riesgo de precio. Aquí entran los contratos por diferencia (CfD): el gobierno garantiza un precio fijo para la energía producida. Si el precio de mercado está por debajo, el Estado cubre la diferencia. Si está por encima, el productor devuelve el excedente.

El Reino Unido fue pionero en el uso de CfDs para impulsar la energía eólica offshore. Gracias a este esquema, el costo cayó más del 70% en diez años, atrayendo inversión privada a gran escala.

En Colombia, donde los proyectos renovables enfrentan incertidumbres regulatorias, retrasos en infraestructura y riesgos de demanda, un instrumento como los CfDs podría ser transformador. No se trata solo de incentivar inversión, sino de crear un marco de estabilidad que permita a los proyectos llegar a cierre financiero.

Mal diseñados, los CfDs pueden generar presiones fiscales. Bien estructurados, pueden catalizar una transición energética más rápida. Colombia ya tiene el recurso y el interés del mercado. Lo que falta es reducir el riesgo.

En 2023, Ecuador cerró la mayor operación de canje de deuda por naturaleza en la historia: reestructuración de más de $1.6 mil millones de deuda comercial, con ahorros destinados a la conservación marina de las Galápagos. The Nature Conservancy actuó como estructurador, mientras DFC y CAF proporcionaron garantías clave.

Lo que hace único este caso es la verificabilidad de los compromisos de conservación, lo que le dio credibilidad ante inversionistas institucionales internacionales.

¿Qué puede aprender Colombia? El país tiene una narrativa de conservación aún más poderosa. La pregunta es si tiene la capacidad institucional para estructurar algo similar — requiere coordinación entre Hacienda, Ambiente y actores multilaterales, con claridad sobre la gobernanza de los fondos generados.

Chile no llegó a ser el líder regional en finanzas sostenibles por accidente. Lo hizo a través de una estrategia deliberada de emisiones que abarcó bonos verdes, sociales y vinculados a la sostenibilidad, cada una alineada con metas climáticas nacionales y comunicada consistentemente a los mercados internacionales.

El resultado: diversificación de la base de inversionistas, reducción en costos de financiamiento y construcción de confianza con fondos ESG europeos y asiáticos.

¿Qué puede aprender Colombia? Colombia necesita pasar de emisiones aisladas a una estrategia de deuda sostenible integrada: alineada con el NDC, con marcos de reporte rigurosos y comunicación proactiva del desempeño climático al mercado.

En 2013, el Reino Unido introdujo los CfDs como mecanismo para impulsar energías renovables: garantizar un precio mínimo estable por 15 años, eliminando la incertidumbre que frenaba la inversión privada. En menos de una década, el costo de la eólica offshore cayó más del 70%.

El mecanismo funcionó porque resolvió el problema fundamental del riesgo de precio: los desarrolladores podían modelar flujos de caja estables, los bancos podían financiar con mayor apalancamiento y los inversionistas institucionales encontraron un activo predecible.

¿Qué puede aprender Colombia? Un esquema de CfD adaptado al contexto colombiano —respaldado por Bancóldex o garantías del gobierno— podría ser el catalizador que el sector necesita para destrabar proyectos en La Guajira. El diseño es crítico: robusto para dar confianza al mercado, sin generar contingencias fiscales insostenibles.